Contaminación por plaguicidas en ríos de Maule y Ñuble

Investigación científica detecta contaminación por plaguicidas en ríos de Maule y Ñuble. El estudio de la UBB revela sustancias prohibidas y riesgos para la salud. Este trabajo interdisciplinario, publicado en la revista científica Sustainability bajo un enfoque socioecológico, utilizó cromatografía líquida y de gases para analizar 535 residuos químicos. Los hallazgos evidencian la presencia crítica de diurón y fosetyl-Al en fuentes de agua superficial, superando en varios puntos los estándares internacionales de agua potable. La investigación resalta la urgencia de implementar sistemas de monitoreo público y actualizar la normativa ambiental frente a la expansión del modelo agroexportador en el Valle Central de Chile.

Una investigación científica exhaustiva ha detectado una persistente contaminación por plaguicidas en los caudales de las regiones de Maule y Ñuble. El estudio, que analizó 535 tipos de agroquímicos, cuantificó la presencia de diurón en un tercio de las muestras y de fosetyl-Al en la totalidad de los puntos monitoreados. Estos compuestos químicos son utilizados intensivamente en la agroexportación, pero presentan restricciones severas en mercados internacionales debido a su peligrosidad. Los análisis de laboratorio confirmaron que las concentraciones detectadas superan con creces los límites establecidos por la Unión Europea para el agua destinada al consumo humano. Este escenario revela una degradación sistemática de los ecosistemas fluviales, donde sustancias tóxicas persisten en el ciclo socionatural de las fuentes hídricas, amenazando la integridad biológica de territorios rurales que dependen vitalmente de estos ríos para su subsistencia y equilibrio ambiental.

El estudio fue liderado por el Dr. Alexander Panez Pinto, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bío-Bío. El equipo de trabajo contó con un carácter interdisciplinario, integrando a profesionales de la geografía, agronomía, geología y trabajo social, junto a estudiantes de pregrado y posgrado de la institución. A nivel internacional, colaboraron investigadoras como Patricia Andréa Sigoña León de la Universidad de Barcelona y Dra. (c) Fany Lobos Castro de la Universidad del País Vasco. Un pilar fundamental del proyecto fue la participación activa de las comunidades rurales, incluyendo a dirigentes de comités de agua potable rural, apicultoras y campesinos de Maule y Ñuble. Este vínculo permitió que la investigación no solo se basara en datos técnicos de laboratorio, sino también en el conocimiento situado y las preocupaciones históricas de quienes habitan y protegen las cuencas del Valle Central.

El trabajo de campo se focalizó en tres cuencas estratégicas del Valle Central de Chile: los ríos Putagán-Loncomilla en la Región del Maule, y los ríos Ñiquén y Changaral en la Región de Ñuble. Estos territorios fueron seleccionados debido a la drástica transformación del uso de suelo, donde los cultivos tradicionales han sido reemplazados por plantaciones frutales de exportación que demandan un uso intensivo de agroquímicos. Los puntos críticos identificados mostraron que en el río Loncomilla las concentraciones de diurón alcanzan niveles preocupantes para la salud humana, mientras que el fosetyl-Al se distribuye de manera transversal en todos los puntos de muestreo de ambas regiones. La geografía de la contaminación sugiere que las descargas de pesticidas realizadas aguas arriba impactan todo el curso fluvial, acumulándose o diluyéndose según el flujo del río y la densidad de las plantaciones industriales colindantes.

Los muestreos técnicos en los ríos Maule y Ñuble se llevaron a cabo durante la temporada de estiaje de 2024, específicamente entre marzo y abril, periodo crítico de menor caudal donde la concentración de contaminantes tiende a ser más evidente. El estudio completo fue publicado el 3 de septiembre de 2025 en la revista científica internacional Sustainability, consolidando años de trabajo previo que incluyeron entrevistas cualitativas realizadas entre 2022 y 2023. Esta investigación se inserta en un contexto nacional alarmante, ya que los datos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) indican que Chile ha duplicado sus importaciones de plaguicidas en menos de dos décadas. Mientras que en 2006 se importaban 26.728 toneladas de estas sustancias, para el año 2023 la cifra superó las 54.206 toneladas, evidenciando una tendencia de intensificación química que coincide con el periodo de análisis del proyecto Fondecyt de Iniciación N°11220783.

La relevancia radica en la peligrosidad de las sustancias detectadas: el diurón está clasificado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU como un posible cancerígeno humano que provoca daños genéticos, hepáticos y renales. Por su parte, el fosetyl-Al y su metabolito, el ácido fosfónico, son nocivos para organismos acuáticos y pueden persistir prolongadamente en el ambiente, afectando el metabolismo celular y la respuesta inmunológica. El estudio científico advierte que la exposición crónica a estos químicos, incluso en bajas dosis, representa una "violencia silenciosa" que impacta el crecimiento fetal y la salud de futuras generaciones a través del estrés oxidativo. Ecológicamente, la contaminación hídrica coincide con la muerte masiva de polinizadores reportada por las comunidades, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la regeneración de los bosques nativos esclerófilos de la zona centro-sur. Estos hallazgos demuestran que la calidad de las cuencas está seriamente comprometida por el actual modelo agrícola.

El propósito principal es fundamentar la necesidad urgente de actualizar los estándares de calidad ambiental en Chile, los cuales presentan vacíos regulatorios críticos respecto a los plaguicidas modernos. Normas como la NCh 1333 de 1978 o el Decreto 90 de 2000 no contemplan el monitoreo de sustancias como el diurón o el fosetyl-Al, dejando a las comunidades sin protección legal efectiva. El estudio busca impulsar la creación de sistemas permanentes de monitoreo público que permitan una gestión territorial del riesgo basada en criterios toxicológicos y no solo estadísticos. Asimismo, se pretende que estos datos sirvan para promover una transición hacia la agroecología y sistemas productivos sostenibles que reduzcan la dependencia química. La evidencia científica actúa así como una herramienta de defensa territorial para las comunidades, permitiendo que sus denuncias sobre impactos socioecológicos cuenten con un respaldo técnico riguroso e incuestionable.

El estudio adoptó un enfoque socioecológico transdisciplinario que comenzó con el diálogo con organizaciones rurales, permitiendo que las sospechas de los habitantes guiaran la identificación de los puntos críticos de contaminación. Durante 2022 y 2023 se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a campesinos y apicultoras, quienes reportaron olores fuertes y pérdida de biodiversidad tras las fumigaciones. Esta información comunitaria fue validada mediante técnicas avanzadas de cromatografía líquida (LC-MS/MS) y de gases (GC-MS/MS) en laboratorios acreditados, asegurando un límite de cuantificación de 0.01 mg/L. La integración de ambos saberes permitió documentar que las percepciones locales sobre el daño ambiental coinciden con los datos analíticos, demostrando que el conocimiento comunitario es un indicador temprano fundamental para la ciencia. Este proceso interdisciplinario facilitó una comprensión profunda de cómo la expansión agroexportadora transforma no solo el paisaje, sino también el ciclo vital del agua.

El Dr. Alexander Panez Pinto sostiene que los hallazgos no son eventos fortuitos, sino la consecuencia directa de un modelo de agronegocio que prioriza la rentabilidad financiera inmediata por sobre la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Según el experto, existe una "violencia silenciosa" facilitada por la ausencia de un monitoreo estatal robusto y la desactualización de las leyes ambientales en Chile. Panez Pinto, manifiesta que: "Estamos frente a un problema estructural del modelo agroexportador chileno, que prioriza el rendimiento económico por sobre el bienestar de las comunidades y los ecosistemas. La ausencia de monitoreo permanente y de normativas actualizadas deja a las personas expuestas a riesgos invisibles pero profundos". Los investigadores advierten que la especialización en monocultivos frutales intensivos aumenta la susceptibilidad a plagas, lo que mecánicamente eleva la presión por aplicaciones químicas, perpetuando un ciclo de dependencia de sustancias prohibidas en otros países pero toleradas localmente.

La investigación concluye que es imperativo actualizar las normativas chilenas para incluir límites máximos permitidos de plaguicidas emergentes, alineándose con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea. Se recomienda la implementación inmediata de un sistema de vigilancia continua en las cuencas del Valle Central, transformando el actual registro de ventas del SAG en un instrumento vinculante de gestión de riesgos territoriales. Paralelamente, se propone fomentar prácticas de control biológico y diversificación de cultivos para reducir la carga química en el ambiente. La adopción de estrategias de mitigación debe ser una prioridad política y científica coordinada, integrando la protección de las fuentes de agua potable rural como un derecho humano básico. El desafío futuro consiste en transitar hacia una agricultura que regenere la biodiversidad y respete los límites biológicos de los territorios, garantizando un entorno seguro para las comunidades.

Este trabajo constituye el primer registro científico que cuantifica la presencia de diurón y fosetyl-Al en estas cuencas, confirmando que la contaminación hídrica por pesticidas es una realidad tangible y preocupante en el Valle Central. La evidencia de que estos químicos superan los estándares internacionales de seguridad es una señal de alerta sobre la insostenibilidad del actual modelo agroindustrial. La perspectiva futura exige un cambio de paradigma donde la ciencia y el conocimiento comunitario colaboren para reinventar la conexión con la naturaleza, basándose en el respeto y el cuidado de todas las formas de vida. El estudio deja claro que, sin una intervención regulatoria profunda y un monitoreo público permanente, la "violencia silenciosa" de los agroquímicos seguirá degradando la salud de las poblaciones rurales y la integridad de los ecosistemas acuáticos de Chile. La protección de los ríos de las regiones del Maule y Ñuble depende hoy de la capacidad del Estado para poner el bienestar socioecológico por encima del lucro agroexportador.

Equipo Investigadores

• Patricia Sigoña

  • Faculty of Earth Sciences, University of Barcelona

• Alexander Panez-Pinto

  • Department of Social Sciences, University of Bio-Bio

• Fany Lobos-Castro

  • Doctoral School, University of the Basque Country